Centros de datos en el espacio: el servidor fuera de la ley

En noviembre de 2025 se lanzó un satélite con una GPU Nvidia H100 a bordo. En diciembre ya estaba ejecutando un modelo de Google y entrenando una red neuronal pequeña a cuatrocientos y pico kilómetros de altura. No es una maqueta ni un renderizado de agencia: es hardware de centro de datos funcionando fuera de la atmósfera. Y en cuanto ese trasto empezó a computar, dejó de ser un problema de ingeniería para convertirse en otra cosa mucho más interesante.

Ya hay una GPU de gama alta dando vueltas sobre tu cabeza

Los hechos, sin adornos. Starcloud lanzó su primer satélite con una H100 en noviembre de 2025 y en diciembre corrió sobre él el modelo Gemini y el nano-GPT de Andrej Karpathy. Google presentó Project Suncatcher: constelaciones de satélites con sus propios chips TPU, órbita baja sincronizada con el amanecer y el atardecer a unos 650 kilómetros, enlaces ópticos entre satélites del orden de diez terabits por segundo y una configuración de referencia de ochenta y un satélites volando en formación cerrada. Dos prototipos previstos con Planet Labs para principios de 2027. En mayo de 2026 se supo que Google y SpaceX estaban negociando los lanzamientos.

El argumento técnico es sólido y aburrido, que es como suelen ser los argumentos técnicos sólidos: en una órbita crepuscular un panel solar recibe luz de forma casi continua y puede llegar a ser hasta ocho veces más productivo que en tierra. No hay noche, no hay nubes, no hay que negociar con la red eléctrica de ningún condado ni explicarle a un ayuntamiento por qué su acuífero va a refrigerar un modelo de lenguaje.

Lo que no está resuelto es casi todo lo demás. Google probó sus TPU de generación Trillium en un acelerador de partículas simulando la radiación de órbita baja y los chips aguantaron, pero la memoria HBM arrojó errores no corregibles a un ritmo que califican de tolerable para inferencia. Traducido: sirve para responder, todavía no está claro que sirva para pensar. Y la cuenta económica es demoledora. Un análisis del ingeniero aeroespacial Andrew McCalip cifra un gigavatio de cómputo solar en órbita en unos 51.100 millones de dólares frente a 15.900 millones en tierra. El propio documento de Google sitúa el punto de equilibrio en un coste de lanzamiento cercano a los 200 dólares por kilo, una cifra que hoy no existe.

Hay un atestado que no consta en ninguna comisaría. Lo escribí para los lectores que quieren ver cómo se documenta desde dentro una investigación que aún no ha ocurrido: qué se anota, qué se omite y quién decide lo segundo. Se manda por correo, y solo a quien lo pide.

El artículo VIII resolvió esto en 1967, y por eso incomoda

Aquí es donde mi trabajo y lo que escribo se cruzan de una forma que no me esperaba.

Cuando en una investigación aparece un dato que no está en un dispositivo intervenido sino en el servidor de una empresa, la primera pregunta no es qué contiene. Es dónde está y a quién hay que pedírselo. Esa pregunta gobierna el calendario entero: define el canal de cooperación, el plazo y, muchas veces, si el dato seguirá existiendo cuando llegue la autorización. El Convenio sobre la Ciberdelincuencia hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001, que España ratificó con publicación en el BOE de 17 de septiembre de 2010, dedica su artículo 16 a la conservación rápida de datos informáticos almacenados precisamente por eso: porque entre saber que un dato existe y poder pedirlo legalmente hay un hueco por el que se cae la prueba.

La geografía del servidor decide el calendario del caso. Eso no es una opinión, es rutina.

Ahora súbelo 650 kilómetros. La respuesta jurídica existe y es más vieja que internet: el artículo VIII del Tratado sobre el espacio ultraterrestre, firmado el 27 de enero de 1967 y en vigor para España desde el 27 de noviembre de 1968, establece que el Estado en cuyo registro figura el objeto lanzado retiene su jurisdicción y control sobre él mientras esté en el espacio. Un servidor en órbita no está en tierra de nadie: está bajo la ley del país que lo matriculó, y solo bajo esa.

Ese es el punto que casi nadie está mirando. El problema no es que en órbita no haya ley. Es que hay exactamente una, elegida por quien lanza, sin territorio local al que agarrarse, sin sede europea que reclamar, sin la posibilidad de decir que la máquina está aquí. Y deja preguntas que hoy nadie tiene respondidas: ¿qué es una transferencia internacional de datos cuando el destino no está en ningún país? ¿Qué normativa de residencia de datos se cumple orbitando sobre veinte Estados en noventa minutos?

Gibson colocó el mainframe en Berna por una razón

La ciencia ficción llegó aquí antes, pero no por el camino que se le atribuye.

En Neuromante, de 1984, los procesadores de Wintermute están en Berna. No en el ciberespacio, no en una nube abstracta: en Suiza. Y hay una Policía Turing que responde ante Ginebra. Gibson entendió con cuarenta años de antelación que la localización física de una inteligencia artificial no es un dato técnico, es una decisión legal, y que quien la toma está eligiendo qué policía puede llamar a su puerta. Toda la trama depende de eso.

Lo que ha envejecido mal no es su tecnología. Es su geografía. Gibson todavía podía señalar un país en un mapa. La órbita elimina el mapa y deja solo el registro: una anotación administrativa en un cajón de Washington, de Pekín o de donde toque.

He escrito en este blog que lo que echo de menos de la ciencia ficción moderna es exactamente esta clase de trabajo: coger una consecuencia incómoda y seguirla hasta el final en lugar de decorarla con neones. Los centros de datos orbitales son un regalo para el género y una trampa. El regalo es la imagen. La trampa es quedarse en ella.

Lo que un servidor en órbita le hace a una novela

Si lo que se cuenta es que la IA está en el espacio porque queda espectacular, no hay historia: hay un decorado caro. Lo que hay que contar es lo que esa órbita habilita.

Un centro de datos orbital es infraestructura crítica sin dirección postal, sin vecinos, sin inspección de trabajo, sin corte de suministro posible, sin una puerta que se pueda precintar. Es el primer objeto de la historia sobre el que se pueden ejecutar decisiones que afectan a millones de personas y al que, materialmente, nadie puede entrar a mirar. Ni siquiera con una orden.

Cuando escribí El Bucle me interesaba menos la potencia de una inteligencia artificial absoluta que la cadena de custodia que la rodea: quién puede revisarla, con qué papel en la mano y en cuánto tiempo. Un servidor a 650 kilómetros no vuelve más lista a la máquina. Vuelve más lento y más caro a todo el que quiera comprobar qué está haciendo. Y ese retraso, en un procedimiento, no es un detalle: es el margen.

La ciencia ficción interesante de la próxima década no va a estar en el satélite. Va a estar en el despacho donde alguien intenta, sin conseguirlo, redactar la solicitud correcta.

¿Cuántos años le das a la primera resolución judicial española que tenga que pedir datos a un servidor que, en el momento de los hechos, estaba a 650 kilómetros sobre Albacete?

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